Violación de derechos humanos en Paraguay: Kuña Róga participó de reunión con la CIDH
El jueves 29 de abril, varias organizaciones de la sociedad civil participaron de una reunión virtual con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo del espacio fue informar sobre la situación de violación sistemática de derechos humanos fundamentales que atraviesa la ciudadanía paraguaya, con especial énfasis en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Entre los temas abordados estuvieron el derecho a la manifestación, el financiamiento de las políticas sociales, la libertad de expresión, los derechos laborales, la violencia hacia mujeres y niñas, la precarización de la salud, la transparencia, los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a vivienda, agua y saneamiento.
Las organizaciones presentes fueron Decidamos, Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA), Centro de Documentación y Estudios (CDE), Kuña Róga; Sunú, Grupo de Acción Intercultural; Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Alames, Servicio Paz y Justicia (Serpaj-Py), Semillas por la Democracia y la Red de Asentamientos Urbanos junto con Techo, entre otras.
Kuña Róga presentó dos temas ante la comisión: la participación política de las mujeres y los derechos laborales de las trabajadoras domésticas y de comercio en ciudades de frontera.
Respecto a la participación política de las mujeres, Kuña Róga destacó que Paraguay es actualmente uno de los países con menor índice de representación de mujeres en cargos electivos, inferior al 20%. Además de los estereotipos y roles de género que expulsan a las mujeres de los espacios públicos para relegarlas al ámbito doméstico, faltan políticas públicas que promuevan eficazmente su inclusión y permanencia en los espacios de poder. Las elecciones previstas para el 2020 fueron suspendidas debido a la pandemia, y se realizarán este año. Será la primera vez que se aplicará el sistema de desbloqueo y voto preferente y la nueva ley de financiamiento político. Ninguna de estas normativas contiene disposiciones que garanticen una participación paritaria de mujeres y hombres en la conformación de las listas. La ley de paridad continúa siendo una deuda pendiente del Estado con las mujeres paraguayas, y de no ser implementado éste u otro mecanismo que allane las barreras que se presentan ante las mismas para ejercer una carrera política, con el ritmo actual la paridad será alcanzada recién en el año 2083.
Por otro lado, en este contexto electoral, se han dado a conocer casos de amenazas, hostigamiento, cyberbullying, daño patrimonial, represalias laborales, etcétera, dirigidas a mujeres políticas; en muchos casos de manera anónima y en otros perpetrados por pares, superiores o adversarios políticos reconocidos. Esto opera como un elemento disuasivo y disciplinador para las mujeres que pretenden ocupar un cargo electivo.
En cuanto a la situación de las trabajadoras domésticas y de comercio en zonas de frontera, se señaló que las trabajadoras domésticas han sido históricamente discriminadas en Paraguay y que recién en el 2019 se reconoció su derecho a ganar el 100% del salario mínimo. En el 2020, conforme datos de la DGEEC, se registraron 55 mil desempleos en el sector doméstico y el Ministerio de Trabajo reportó un aumento del 50% de atención a trabajadoras domésticas respecto al 2019, y del 412% respecto al 2018. También se registró una caída de la inscripción de contratos laborales. Uno de los factores que más afecta a las trabajadoras domésticas es que solo el 5,2% se encuentran formalizadas, es decir, inscripticas en el Instituto de Previsión Social (IPS), lo que impidió que las mismas pudieran cobrar durante la suspensión de sus contratos laborales durante la cuarentena. Una investigación realizada por Kuña Róga reportó además que los salarios de las trabajadoras domésticas estaban muy por debajo del mínimo: entre 300 y 400 mil guaraníes mensuales (entre 45 y 75 dólares).
Por otro lado, existe un impacto importante y diferenciado en la zona de frontera, donde un alto porcentaje de mujeres eran trabajadoras de comercio y trabajadoras de frontera (paseras) en el paso de Encarnación (Paraguay) – Posadas (Argentina). Esta frontera se encuentra cerrada hace más de un año. Una investigación de Kuña Róga reportó que el 74% de las trabajadoras de comercios fronterizos fueron despedidas; de éstas, el 21% tenía contratos suspendidos sin ningún tipo de compensación, pues no estaban registradas en IPS. La pandemia aumentó la precarización y la sobrecarga de las tareas de cuidado, que no fueron consideradas por el Estado. Los programas de ayuda económica no tuvieron en consideración la situación particular de las mujeres trabajadoras.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. A partir de los datos remitidos por las organizaciones, la comisión elaborará un informe dirigido al Estado paraguayo.