En el 2017, luego de un año de su promulgación entra en plena vigencia Ley 5777/16 con el objetivo de “establecer políticas y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres, mecanismos de atención y medidas de protección, sanción y reparación integral, tanto en el ámbito público como en el privado y en cumplimiento de la obligación del Estado de implementar reformas legales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y eliminar todas las formas de discriminación que contribuyen a limitar y a atentar en contra de sus derechos humanos”
Sin embargo, a casi 10 años de la promulgación de la legislación, en el día de la mujer paraguaya, el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR HC) planteó derogarla, argumentando su inconstitucionalidad y su presunta violación de principios fundamentales del derecho penal y constitucional.
Ante la necesidad de contar con una legislación que ampliara la Ley 1600/00 de violencia doméstica, y que abordara de forma integral la protección a las mujeres contra toda forma de violencia, en 2009 se inició un amplio y largo debate entre diversos sectores políticos y sociales. Es así que, en el 2016 y con la tipificación del feminicidio, se promulgó la Ley 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia.
¿Pero qué define exactamente la legislación?
Durante el evento «Diálogos por los Derechos de las Mujeres: Kuña Ñemongeta Ñaikoteveva», en un espacio dirigido por Miyuki Shimanaka, abogada y experta en Estudios de Género, se analizó la relevancia de la Ley 5777/16. Este evento generó debates productivos, resaltando la necesidad imperiosa de implementar y defender la legislación.
Shimanaka comenzó reflexionando sobre la importancia de proteger esta legislación. Destacó que surge como una extensión de la Ley 1600, con el propósito de abordar el tema del feminicidio y ofrecer protección integral a las mujeres. Sin embargo, resaltó que, a pesar de la necesidad de incluir el término «género», este no se incorporó en la versión final de la ley.
Además, señaló que la Ley 5777/16 establece medidas completas de protección para las mujeres que son víctimas de violencia, tanto en el ámbito privado como público. Esto implica acceso a atención médica, asesoramiento legal, refugio seguro y recursos sociales y económicos. También promueve acciones de prevención y concientización sobre la violencia de género, mediante campañas educativas y la promoción de valores igualitarios en la sociedad.
Asimismo, la Ley 5777/16 define 16 distintos tipos de violencia que enfrentan las mujeres e introduce el término «feminicidio» para abordar esta forma específica de violencia. Además, promueve un enfoque intersectorial para enfrentar la violencia de género, facilitando la atención y protección de las mujeres en todos los ámbitos.
En términos de atención integral, la ley garantiza a las mujeres el acceso a servicios médicos, psicológicos y legales, así como a asistencia social y económica. Además, establece sanciones para aquellos que perpetran violencia contra las mujeres, incluyendo penas de prisión y medidas de restricción.
La experta en género señaló que esta legislación es crucial para proteger los derechos de las mujeres y combatir la violencia de género. Destacó que su implementación y defensa son fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Al finalizar la intervención, Cipriana Bogarín, Coordinadora adjunta del Proyecto «Educación, diálogo y movilización de mujeres y jóvenes para la plena vigencia de la igualdad de género en Paraguay» ejecutada por Kuña Róga y el Centro de Documentación y Estudios (CDE) invitó a las presentes a pronunciarse a favor de la Ley 5777. Seguidamente, Lizandra Rolón presentó la campaña «La ley 5777/16 no se toca, se defiende», instando a las participantes a unirse en la defensa de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género.
En conclusión, derogar la ley representaría un tremendo retroceso a los derechos de las mujeres, donde la impunidad cobraría fuerza y debilitaría aún más el sistema de derechos, poco a poco adquiridos.
Si bien desde las organizaciones sociales reconocemos que la implementación de la ley, aún cuenta con deficiencias, reconocemos que ha sido una herramienta que ha hecho justicia en casos que anteriormente quedaban impunes e invisibilizados.
